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Todavía hay niñas y mujeres que son forzadas a casarse. 28 niñas cada minuto, según los datos que ofrece la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Muchas veces los hacen bajo la apariencia de un acuerdo familiar o una práctica cultural. En Europa, el total no está claro, pero la organización La Strada Internacional, con presencia en 24 países del continente, atendió a 5.377 víctimas o posibles víctimas de trata en el último año.
Tras la revisión de la directiva de la Unión Europea contra la trata de seres humanos —que ahora incluye el matrimonio forzado como una posible forma de explotación—, La Strada decidió analizar cómo se refleja esta realidad en los marcos legales nacionales. El estudio comparó la legislación de 38 países europeos: los 27 Estados miembro de la UE y otros 11 países del continente. El equipo revisó los textos jurídicos de cada nación. Además, analizaron casos concretos que ilustran cómo se manifiestan estas formas de violencia en distintos contextos. El trabajo también se enfocó en establecer definiciones comunes para los conceptos de matrimonio forzado, infantil y precoz, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la protección legal de las víctimas.
Armonizar definiciones, un reto pendiente
Sin embargo, de acuerdo con las expertas que participaron en el seminario sobre matrimonio forzado y explotación, celebrado el 17 de octubre, el problema para erradicar este tipo de violencia de género es mucho más complejo. No basta con modificar una ley, ya que intervienen la interpretación jurídica que hace cada país, y también factores profundamente enraizados como la tradición, la cultura o la desigualdad económica.
Es el caso de Macedonia del Norte, tal como explicó Marija Todorovska, directora de programas en Open Gate La Strada Macedonia del Norte. “El mayor problema al que nos enfrentamos es que en muchas ocasiones estos matrimonios se ven como algo cultural, así como una forma de disminuir la carga económica de las familias que llevan a cabo estas prácticas”, afirmó.
La experta habló además sobre la vulnerabilidad de la comunidad romaní en este sentido y sobre los numerosos casos transfronterizos que se registran. No obstante, Maryam Alemi, responsable del equipo jurídico especializado en derecho de asilo de Cáritas Austria, puntualizó que se trata de un fenómeno presente “en todas las culturas y religiones”.
El estudio de La Strada también evidenció la falta de armonización entre los países europeos en torno a lo que se entiende por “explotación” y “matrimonio forzoso”. Esta disparidad dificulta la aplicación de la directiva, ya que —de acuerdo con la legislación europea— la UE solo puede regular asuntos penales en un número muy limitado de casos (artículo 38 del TFUE) y no puede exceder el alcance de esa excepción.
¿Qué cambia con la nueva directiva?
La nueva norma amplía las formas de explotación vinculadas a la trata para incluir la maternidad subrogada explotadora, el matrimonio forzado y la adopción ilegal. Esto no significa que todos los casos sean explotadores o constituyan trata de personas. Solo se considerarán como tales cuando impliquen coacción, engaño, abuso de poder u otros medios de explotación.
Entre sus principales novedades, la directiva incorpora un agravante digital por la difusión de material sexual de las víctimas y refuerza la responsabilidad de empresas y entidades, que podrán enfrentarse a multas, retirada de licencias o exclusión de contratación pública.
Además, sitúa a las víctimas en el centro del proceso. De esta forma, se prohíbe sancionarlas por delitos cometidos bajo coacción, garantiza apoyo integral y alojamientos seguros, y obliga a crear mecanismos de detección y derivación coordinados internacionalmente.
La UE también tipifica como delito usar servicios prestados por una víctima sabiendo su condición. Para ello, exige a los Estados aprobar planes nacionales contra la trata antes de 2028, formar a profesionales e implementar la directiva antes del 15 de julio de 2026.
La situación actual en Europa
El número de víctimas de trata registradas en Europa sigue siendo bajo en comparación con la magnitud del fenómeno, indican desde La Strada. Aunque hay dos variables que distorsionan la percepción real. Por un lado, existen personas con “signos evidentes de explotación y abuso que no cuentan como víctimas de trata”. Por otro, ha crecido el número de las llamadas “relaciones alternativas”, que no están criminalizadas en el 34% de los casos.
De los 5.377 casos que ha atendido La Strada en el último año, 692 eran personas desplazadas internas. Solo el 19% de quienes solicitaron compensación la obtuvieron, y el 69% de las víctimas eran mujeres, junto a 29 personas no binarias y trans. En cuanto a las nacionalidades, el 66% provenían de países extracomunitarios.
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, a nivel europeo, la mayoría de los casos no corresponden a los matrimonios forzados, sino a la explotación sexual (1.020, un 19%), seguida de la explotación laboral, que representó casi un 17%.
Más allá de Europa: una realidad global
La desigualdad y la pobreza siguen siendo motores del matrimonio infantil y forzado en todo el mundo. Hay más de 650 millones de mujeres vivas que se casaron cuando eran niñas, según informa ACNUDH. Es decir, al menos 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años cada año. Para erradicar esta práctica necesitaríamos al menos 300 años, según el último informe de Entreculturas. Además, revelan que el 90% de las niñas casadas no acude a la escuela y que dos de cada tres matrimonios podrían evitarse si estas completaran la educación secundaria.
Tal como señala La Strada, una de las motivaciones detrás del matrimonio forzoso es la presión económica de las familias. A escala global, el 90% de los países con mayores tasas de matrimonio infantil se encuentran inmersos en crisis humanitarias. Un ejemplo es Sudán del Sur, donde una de cada dos niñas es casada antes de cumplir los 18 años.
Hacia el futuro
En 2017, en España, una víctima de trata acudió a las Fuerzas de seguridad del Estado para denunciar su caso, recuerdan desde La Strada. Sin embargo, las autoridades no la creyeron y decidieron que no era necesario abrir una persecución legal.
No se trata de un caso asilado. Organizaciones como GRETA, Women’s Link y Proyecto Esperanza tienen documentados casos similares donde las víctimas no fueron reconocidas como tales, quedando completamente desprotegidas.
A pesar de los grandes avances, desde las diferentes entidades que participaron en el seminario, la opinión es unánime: queda mucho por hacer.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la UE es precisamente ese. “Es necesario incrementar el conocimiento de los profesionales que pueden cruzarse con posibles víctimas de trata”, señala Maryam Alemi, de Cáritas Austria.
Desde La Strada insisten en la urgencia de armonizar la definición de “explotación” en toda Europa. De esta forma, la detección y la persecución de casos no dependerán del azar, sino de una respuesta coordinada y justa.