Mujeres migrantes y la vivienda en España: la exclusión que no se ve
29 de septiembre de 2025
Europa amplía su Directiva contra la trata y mira a las víctimas de matrimonios forzados
21 de octubre de 2025
¿Te imaginas que tu pareja controle tus finanzas, limite tus opciones laborables o educativas, tome decisiones sobre la economía familiar sin consultarte y utilice el dinero como moneda de cambio para forzarte a tener sexo? Se llama violencia económica y la sufren millones de mujeres en todo el mundo.
A nivel nacional, la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, aprobada por el Parlamento de Cataluña, define la violencia económica como:
“La privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer”.
En el ámbito internacional, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), aprobado en 2011 y ratificado por España en 2014, incluye a la violencia económica entre las violencias que sufren las mujeres.
Violencia económica, dependencia y desigualdad
Aunque la violencia económica puede afectar a cualquier mujer, la particular vulnerabilidad de las migrantes las hace más susceptibles de sufrir esta forma de maltrato. De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 11,5% ha sufrido violencia económica de alguna pareja actual o pasada. Pero si miramos el país de nacimiento, la prevalencia de la violencia económica en la pareja es muy superior entre las mujeres que han nacido en el extranjero (21,7%).
Para las mujeres migrantes y refugiadas la dificultad de obtener un empleo formal bien remunerado hace que muchas de ellas dependan económicamente de sus parejas o empleadores. Además, muchas veces su situación administrativa está sujeta al maltratador que la ha reagrupado o a través del cual ha obtenido la residencia.
Así, esta dependencia puede dar lugar a relaciones de poder desequilibradas, en las cuales el maltratador aprovecha la situación de desigualdad y utiliza el control de las finanzas familiares para someter a la mujer.
Maltrato presente y en diferido
A diferencia de la violencia física, este tipo de violencia económica es difícil de acreditar. Sin embargo, al comprometer la dignidad de la mujer y su propio desarrollo como persona autónoma, deja secuelas psicológicas que pueden ser de gravedad.
Algunos ejemplos de violencia económica en el ámbito de la pareja lo podemos encontrar en conductas como:
- Controlar los gastos y la gestión financiera de las mujeres.
- Usurpar la identidad para hacer compras, apuestas, etc.
- Limitar el acceso a la información de las finanzas familiares.
- Decidir sobre el desarrollo educativo o profesional de la mujer.
- Ocultar bienes patrimoniales.
- Utilizar el dinero para obligar a la mujer a mantener relaciones sexuales.
En no pocas ocasiones la violencia económica continúa después de una separación, por ejemplo, mediante el impago de la pensión de alimentos a los hijos e hijas o la dilatación intencionada de los procesos judiciales.
Cuando la violencia económica es institucional y social
Según estimaciones de Naciones Unidas, 1 de cada 10 mujeres vive en la pobreza extrema. La pobreza persistente de las mujeres y las niñas está directamente relacionada con su exclusión generalizada y la discriminación en los mercados laborales, su falta de elección y autonomía sobre cómo emplear su tiempo, su falta de acceso a recursos económicos y su falta de acceso a servicios públicos de calidad y protección social.
En el contexto español, la propia legislación en materia de extranjería contribuye a la violencia económica. Por ejemplo, si una mujer migrante, en situación administrativa irregular, encuentra trabajo limpiando una casa o cuidando de niños o personas mayores, la ley no contempla la obtención de un permiso de residencia por esta causa. La mujer, o cualquier persona migrante, deberá esperar hasta cumplir dos años de permanencia en España para poder solicitar un permiso por arraigo social. Esto deja desprotegidas a muchas mujeres y las coloca en posición de aceptar condiciones laborales cercanas a la esclavitud.
La violencia institucional puede manifestarse de múltiples maneras, como las trabas administrativas para empadronarse o las dificultades para abrir una cuenta bancaria, agravando la sensación de indefensión que siente la mujer.
¿Cómo proteger a las mujeres migrantes de la violencia económica?
Aprender a reconocer y nombrar la violencia económica que sufren muchas mujeres es, sin duda, un primer paso para erradicar esta plaga. Sin embargo, es indispensable avanzar en soluciones, como las propuestas por el Programa de Acción Beijing+30 de la ONU:
- Sistemas de protección social y atención con perspectiva de género que tomen en cuenta la contribución a la sociedad de los cuidados no remunerados.
- Políticas de empleo con perspectiva de género.
- Una protección social integral y servicios públicos accesibles y de calidad para brindar a las mujeres y niñas la seguridad económica, la educación, la atención médica y el empleo decente necesarios para crear vías sostenibles para superar la pobreza.
- Invertir en sistemas universales de protección social y de cuidados con perspectiva de género, incluidos los pisos de protección social, y ampliar la cobertura y la adecuación de los programas de protección social no contributivos, como las prestaciones universales por hijo, maternidad/paternidad y pensiones.
- Extender la protección social a los trabajadores informales, con especial atención a los sectores con mayor presencia femenina y a categorías ocupacionales como las trabajadoras domésticas y otras trabajadoras de cuidados, utilizando mecanismos combinados contributivos y no contributivos.
- Introducir leyes y políticas que apoyen a los trabajadores con responsabilidades de cuidado y mejoren la calidad y las condiciones del trabajo remunerado de las mujeres, incluyendo la lucha contra la segregación ocupacional.
En fin, es necesario hacer valer la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en todo lo relativo a las ayudas económicas, sociolaborales y en materia de vivienda, a fin de que las mujeres víctimas reciban el apoyo que necesitan y sea menos difícil para ellas romper el vínculo con el maltratador.