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La violencia institucional consiste en las acciones u omisiones de funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, producen daño o vulneran derechos. Algunas de estas acciones u omisiones pueden ser: discriminación, dilación de trámites, falta de diligencia, trato indigno, incumplimiento de deberes, etc.
También hablamos de violencia institucional cuando el propio Estado a través de la legislación discrimina los derechos humanos de las personas como sucede, por ejemplo, con la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), la cual al restringir las vías legales migratorias condena cada año a miles de personas a vivir en situación administrativa irregular, una irregularidad que la propia ley impone.
Este tipo de violencia puede ser abierta, por ejemplo, en el caso de leyes que vulneran u obstaculizan derechos humanos, o puede ser oculta, en el caso de actuaciones individuales de trabajadores públicos que “olvidan” sus funciones o se exceden en ellas con ánimo de discriminar a determinados colectivos vulnerables, como las mujeres migrantes.
Violencia institucional y mujeres migrantes
La violencia institucional contra las mujeres migrantes tiene múltiples formas de manifestarse:
- Negarse a recibir u obstaculizar las denuncias por violencia de género.
- Trato discriminatorio o negligente por parte de profesionales de la salud.
- Impedir el acceso a prestaciones sociales o servicios públicos.
- Sesgos de género o xenófobos en decisiones judiciales.
- Dilación injustificada de procesos administrativos.
- Acoso o violencia policial.
En el caso de los funcionarios públicos o las autoridades, cuando se mezclan el machismo y el racismo, los prejuicios y estereotipos negativos hacia las mujeres migrantes ayudan a mantener una violencia institucional que se normaliza. Además, este tipo de violencia invisible permite diluir las responsabilidades individuales, escudándose los funcionarios que la practican en el argumento de que solo siguen órdenes o cumplen con la ley.
Si una mujer acude con hiyab a un organismo público y la persona que le atiende le lanza una mirada de reprobación es más probable que esta mujer sienta resistencia a acudir a un espacio en el que se siente juzgada de forma negativa.
Un profesional del sector educativo que le dice a una madre extranjera: «No sé en tu país, pero aquí las cosas se hacen de otra manera» está ejerciendo violencia institucional.
Un profesional de la salud que niega asistencia sanitaria a una persona porque no tienen tarjeta sanitaria está ejerciendo violencia institucional.
Los ayuntamientos que ponen trabas para que las personas en situación irregular se empadronen están ejerciendo violencia institucional.
Maltratar con la ley en la mano
De acuerdo con una investigación sobre Prostitución, violencia y migraciones femeninas en España, elaborada por Carmen Meneses-Falcón y Olaya García-Vázquez, profesoras de la Universidad de Comillas, la legislación española en materia migratoria es una fuente de violencia para las mujeres.
Según estas investigadoras, al tratarse de una ley restrictiva con la migración legal promueve que muchas mujeres que se encuentran en España en situación irregular terminen en manos de redes de prostitución u obligadas a aceptar trabajos domésticos o vinculados a sectores como la agricultura en situaciones laborales cercanas a la esclavitud.
Otro ejemplo de violencia institucional se desprende del estudio La política del silencio frente a solicitudes de asilo por violencia íntima en España, de Diana Garcés-Amaya.
Garcés-Amaya, investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), analizó las sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo españoles entre 2009 y 2019, en respuesta a recursos interpuestos en contra de las decisiones negativas del Ministerio del Interior a solicitudes de asilo relacionadas con diferentes expresiones de la violencia de género.
De acuerdo con este estudio, las mujeres solicitantes de asilo siguen enfrentando diferentes barreras a la hora de realizar su solicitud y obtener reconocimiento de su condición de refugiadas. Las autoridades cuestionan y siembran dudas sobre la credibilidad del temor manifestado por las solicitantes en sus relatos, e infravaloran el material probatorio presentando.
“Las políticas del silencio se emplean con el propósito de invisibilizar el riesgo al que se enfrentaron las solicitantes de asilo y al que pueden verse enfrentadas en caso de regresar a sus comunidades de origen”.
El sector judicial, el más señalado
De acuerdo con el informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM, 2024), 33,3% de los casos de violencia institucional recogidos por el canal de denuncias de esta organización corresponde a mujeres migrantes, lo cual implica una sobrerrepresentación de este colectivo, si tomamos en cuenta que las extranjeras constituyen menos del 10% de la población.
En los casos registrados por el OVIM se han identificado 198 instituciones que han ejercido violencia institucional machista, la mayoría de ellas pertenecientes al sector judicial (52%). El agente público más señalado es el juez o la jueza con un 22,6% sobre el total de agentes.
«Cuando entró para declarar delante de una jueza, esta la apremió constantemente diciéndole que resumiera sus explicaciones, sin mirarla en la mayoría del tiempo que permaneció delante de ella. Asimismo, le dijo que no entendía que “si tan mal la trataba, ¿por qué no lo había abandonado antes?”. Ella le argumentó que no tenía papeles y que le daba miedo que tuviese consecuencias. La jueza le contestó fríamente que eso eran excusas».
El sector policial es el segundo con mayor porcentaje de violencias institucionales machistas (11,6 %) después del judicial.
«Tras sufrir una agresión sexual por parte de dos desconocidos va a comisaría a interponer denuncia. El agente de policía que se encuentra vigilando la puerta de entrada no la deja pasar y le dice que se tiene que ir y que si quiere poner la denuncia tiene que pedir cita previa por internet. Después de esto, la mujer nunca quiso intentar de nuevo denunciar los hechos».
El sector salud es el tercero con mayor porcentaje de violencia institucional machista (10,6%).
«Acudí al ambulatorio con dos coágulos en mi nariz, un moratón en mi ojo y no me dejaron pasar ni del mostrador de la recepción. Las mujeres que estaban ahí me dijeron que no podían atenderme porque no tenía la tarjeta sanitaria».
Decálogo de buenas prácticas frente a la violencia institucional
La Asociación Por Ti Mujer, en el marco de una investigación sobre la violencia institucional en la Comunidad Valenciana, ha propuesto el siguiente Decálogo de buenas prácticas que podría ser extensible al resto de España:
- Cumplir con la debida diligencia en la protección y atención de casos.
- Informar, orientar y derivar oportunamente.
- Asignar intérpretes y mediadoras para asistir procesos.
- Formar al equipo técnico para asesorar con calidad y calidez.
- Validar los testimonios narrados por las propias mujeres.
- Respetar y proteger las maternidades migrantes.
- Agilizar los trámites de empadronamiento.
- Garantizar el acceso efectivo a la asistencia sanitaria.
- Agilizar la homologación de titulaciones y promover la inserción laboral acorde a experiencias.
- Evitar tratos discriminatorios por creencias o apariencias.
En fin, hay muchas formas de violencia contra la mujer. Pero cuando el maltrato procede del propio estado o de los funcionarios cuya función es proteger a las víctimas, la violencia duele más.