Tres veces más riesgo: ser mujer migrante en España y la violencia de género

Una mujer migrante en España tiene aproximadamente tres veces más probabilidades de ser asesinada por violencia de género que una nacida en el país, según los datos acumulados desde 2003. En 2024, se registró la cifra más baja de feminicidios desde que existen registros, con un total de 47 casos. No obstante, las mujeres extranjeras continúan siendo las más expuestas: ese año representaron el 51% de las víctimas.

Ser mujer migrante en España y la violencia de género

La tasa anual de feminicidios es de 1,68 por cada millón de mujeres españolas, frente a 8,32 por cada millón de extranjeras residentes, lo que revela una sobrerrepresentación profundamente alarmante, tal como destacó la Fiscalía General del Estado. Desde que se comenzaron a recopilar datos, mujeres de hasta 60 nacionalidades distintas han sido asesinadas en contextos de violencia de género en España. Las nacionalidades más afectadas incluyen Marruecos (52 casos), Rumanía (47), Ecuador (38) y Colombia (29), entre otras.

En 2023, el 38,5% de las mujeres extranjeras asesinadas habían presentado denuncias previas contra su agresor, una proporción considerablemente superior al 15,6% registrado entre las víctimas españolas. A pesar de representar apenas el 12% de la población femenina en el país, las mujeres migrantes interpusieron el 34,7% de las denuncias por violencia de género, lo que refleja no solo su mayor exposición, sino también su mayor iniciativa en buscar protección.

La abogada Tatiana Retamozo, de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), subrayó a Público que las mujeres extranjeras denuncian con mayor frecuencia, pero reciben menos órdenes de protección y están claramente sobrerrepresentadas entre las víctimas. Además, tienden a acogerse más al derecho a no declarar contra su agresor, lo que pone de manifiesto tanto su situación de vulnerabilidad como las deficiencias de la respuesta institucional.

Alarma europea por la desprotección

En la misma línea, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), encargado de supervisar la aplicación del Convenio de Estambul, ha expresado su preocupación por esta realidad. En su evaluación más reciente, alertaron sobre los obstáculos sustanciales que enfrentan, especialmente aquellas en situación administrativa irregular, para acceder a órdenes de protección y recursos de apoyo. Estas mujeres se encuentran en la intersección de múltiples formas de discriminación —por razones de género, raza y estatus migratorio— que aumentan significativamente su exposición a la violencia.

Estas mujeres suelen contar con menos redes de apoyo, escasa información sobre sus derechos, y enfrentan barreras lingüísticas y culturales que dificultan su acceso a las instituciones. Esto implica que la extranjería constituye un factor de vulnerabilidad estructural, según indicó la fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, a Efe. Además, destacó la necesidad de reforzar los recursos de atención a las víctimas y promover una actuación más proactiva por parte del sistema judicial para garantizar que las mujeres migrantes puedan mantenerse en los procedimientos penales y civiles.

Una carrera de obstáculos

Esta sobrerrepresentación no puede entenderse como un mayor grado de tolerancia a la violencia ni como un fenómeno vinculado al origen de los agresores —muchos de los cuales son españoles—, sino como resultado de una trayectoria migratoria atravesada por múltiples formas de violencia y discriminación, matizó a Público Retamozo. La abogada denunció un «sumatorio de violencias» que incluye no solo la ejercida por la pareja, sino también la institucional, el racismo, la precariedad, la explotación laboral y sexual, la pérdida de custodia de los hijos, las dificultades para conciliar, y el miedo a denunciar debido a la situación administrativa.

A esto se suma un sesgo institucional que impide o dificulta el acceso a una vida libre de violencia, ya sea por acción o por omisión. Muchas víctimas desconocen sus derechos, el turno de oficio está desbordado, y no reciben orientación adecuada sobre extranjería ni sobre la custodia de menores. La legislación actual exige que aquellas en situación administrativa irregular cuenten con una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal para acceder a una residencia temporal, excluyendo otras formas de acreditación como los informes de servicios sociales o sanitarios. La rigidez legal convierte el proceso en una carrera de obstáculos que desalienta la denuncia y deja a muchas mujeres en situación de desamparo institucional.