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La noción de violencia burocrática hace referencia a cómo determinadas normas, dispositivos administrativos y prácticas institucionales dañan, controlan o exponen al riesgo a mujeres migrantes y refugiadas, incluso cuando no median golpes ni armas.
¿Qué es la violencia burocrática?
Relacionada con la violencia institucional, la violencia burocrática es aquella forma de maltrato que se produce cuando la administración, a través de reglas, trámites y decisiones, restringe derechos, humilla, precariza o pone en peligro la vida de las personas desplazadas, migrantes o refugiadas.
En el ámbito migratorio, describe experiencias de “soul‑killing” (que «matan el alma»): procesos que desgastan, infantilizan o despojan de sus capacidades a quienes dependen de expedientes, entrevistas y resoluciones para acceder a protección.
¿Cómo afecta específicamente a mujeres migrantes y refugiadas?
Los procedimientos de residencia y asilo suelen ser confusos, lentos y cambiantes, generando incertidumbre prolongada que impacta la salud física y mental de las mujeres, muchas ya marcadas por violencias previas en sus países de origen y durante el tránsito migratorio.
En un estudio de la investigadora Abigail Bentley, del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR), de la Universitat de València, centrado en Identificar las principales barreras que afrontan las mujeres migrantes al solicitar el permiso de residencia en España, se realizó una encuesta en la que participaron casi dos mil mujeres migrantes residentes en la Comunidad Valenciana.
Entre los principales obstáculos burocráticos que refleja esta investigación, destacan:
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Falta de información clara sobre requisitos y procesos (33,7%).
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No cumplir con requisitos exigidos (20,5%).
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Barreras de idioma (19,9%).
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Otros obstáculos administrativos (17,4%).
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Experiencias de discriminación (8,7%)
En la parte cualitativa del estudio, las mujeres encuestadas describieron procesos administrativos largos, confusos y llenos de papeleo que generan frustración. Asimismo, hicieron referencia a la dificultad para obtener información oficial oportuna y comprensible, así como una comunicación deficiente con el personal funcionarial, falta de apoyo lingüístico y de orientación clara. Todo lo anterior fue causa de sensaciones de agotamiento, confusión y desconfianza ante las autoridades.
Es de prever que con el proceso de regularización extraordinario de migrantes que ha anunciado el gobierno de España, unas oficinas de extranjería ya de por sí colapsadas se vean incapaces de dar respuesta al volumen de solicitudes estimado (en torno a 500.000 personas), con lo que la violencia burocrática continuará maltratando a las personas que buscan un presente y un futuro mejor.
Androcentrismo y colonialismo
La intersección entre androcentrismo (visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino) y la mentalidad colonial produce decisiones que silencian ciertas violencias de género (por ejemplo, la violencia íntima) y sobredimensionan otras consideradas “exóticas”, lo que dificulta que se reconozca la persecución de género como motivo de asilo.
Así lo expone una investigación de la politóloga Diana Garcés Amaya, publicada por el Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona (CIDOB). Como señala esta investigadora:
«Las dificultades de reconocimiento de las persecuciones que viven las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades disidentes no solo son expresión del androcentrismo del Derecho, sino también de la imbricación de este y el colonialismo del poder».
De acuerdo con este estudio, las autoridades asumen ciertas características y comportamientos sobre cómo deberían actuar las mujeres solicitantes de asilo, los roles y los comportamientos esperados de una víctima para que los relatos tengan credibilidad.
De este modo, la violencia burocrática golpea una segunda vez a quien llega a España huyendo de la violencia.
Entorno hostil y violencia de género
Parte de la literatura plantea que la violencia burocrática se inscribe en un continuo de violencia estatal contra personas migrantes, donde el daño administrativo complementa la violencia de fronteras y la tolerancia institucional hacia la violencia de género.
En el Reino Unido se ha argumentado que políticas de “entorno hostil” atrapan deliberadamente a mujeres migrantes en relaciones violentas al negarles acceso efectivo a la protección policial y a los servicios de salud, usando de hecho la violencia de género como herramienta de disuasión migratoria.
En España, aunque la legislación protege sobre el papel a las mujeres migrantes que sufren violencia de género o violencia sexual, incluso en el caso de que estén en situación administrativa irregular, si la práctica administrativa no es eficiente, la violencia burocrática las golpea de nuevo.
Si el propio diseño y gestión de estos procedimientos (pruebas exigidas, tiempos, discrecionalidad, etc.) dificultan el reconocimiento de la condición de víctima, la violencia burocrática deja a estas mujeres en limbos prolongados sin protección suficiente.
Para garantizar la debida protección de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional, es necesario que la Administración Pública cumpla con la debida diligencia en la tramitación de estos casos.
Informar, orientar y derivar oportunamente no debe ser una excepción. La asignación de intérpretes y mediadores tampoco debe ser una rareza. Formar a los equipos técnicos para asesorar con calidad y calidez no debe ser un lujo.
Validar los testimonios narrados por las propias mujeres, agilizar los trámites de empadronamiento y evitar tratos discriminatorios por creencias o apariencias debe ser la brújula que guíe la actuación del personal funcionario, para que la violencia burocrática no se sume a la violencia que sufren las mujeres.